Dos provincias vecinas del norte argentino, Salta y Jujuy, tomaron caminos opuestos frente al mismo problema: el peso de las tarifas eléctricas sobre los hogares. Mientras el gobierno de Gustavo Sáenz anunció la eliminación de diez impuestos provinciales de la boleta de luz y un esquema de subsidios para familias de bajos ingresos y jubilados, en Jujuy la administración provincial evalúa dictar un decreto para suspender los cortes de suministro por falta de pago, después de una fuerte presión social que incluyó la recolección de más de 11.000 firmas.
Salta: de 14 a 4 impuestos provinciales
El gobierno salteño aprobó, en el marco de una ley extraordinaria vinculada al presupuesto provincial, la reducción de los tributos locales que se cobran en la factura eléctrica: de 14 conceptos impositivos provinciales pasaron a solo 4. La medida se suma a dos programas de asistencia directa anunciados por el gobernador Gustavo Sáenz: por un lado, bonificaciones de entre el 60% y el 100% del consumo, con tope, para familias con ingresos inferiores a dos Salarios Mínimos Vital y Móvil; por otro, un bono de hasta 150.000 pesos para jubilados y pensionados que cobran la mínima. Ambos esquemas alcanzan tanto a la boleta de luz como a la de agua, y se financian con recursos provinciales.
Según trascendió, la decisión responde en parte al reclamo de sectores sociales que venían señalando que hasta un 60% del costo de la factura eléctrica correspondía a impuestos y no al consumo real de energía.
Jujuy: presión social y un decreto en estudio
El escenario en Jujuy es distinto. Tras una reunión tensa entre diputados oficialistas, gremios y organizaciones sociales, trascendió que el Poder Ejecutivo provincial evalúa dictar un decreto para suspender los cortes de electricidad por falta de pago. Según dirigentes sociales consultados, la medida sería una salida rápida para «ganar tiempo», pero no resuelve el problema de fondo: el costo del servicio, que consideran impagable para buena parte de los usuarios.
El malestar de los jujeños con la empresa distribuidora EJESA escaló en las últimas semanas: gremios y organizaciones sociales juntaron más de 11.000 firmas para exigir una revisión del contrato de concesión de la compañía y un freno a los aumentos tarifarios. En ese contexto, también se había declarado antes la emergencia tarifaria en la provincia y se presentaron proyectos legislativos para prohibir los cortes de suministro durante el invierno.
Dos modelos frente a un mismo problema regional
El contraste entre ambas provincias vecinas ilustra dos estrategias distintas para atender una misma tensión social que atraviesa buena parte del interior del país: el costo creciente de la energía eléctrica sobre los presupuestos familiares. Salta optó por una reducción estructural de la carga impositiva provincial combinada con subsidios focalizados, mientras que Jujuy, por ahora, discute una medida de alivio inmediato —la suspensión de cortes— sin resolver todavía el esquema tarifario de fondo.
Organizaciones sociales jujeñas advirtieron que un eventual decreto de suspensión de cortes sería solo un paliativo y reclamaron mayor transparencia sobre los costos y el contrato de EJESA. Hasta el momento, el decreto no fue formalizado y continúa en evaluación por parte del gobierno provincial.